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Noticias Argentinas difundió que El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto generado por el cierre de la planta de Bunge en Campana y ordenó a la empresa reincorporar a los 110 trabajadores despedidos, reasignarles tareas y garantizar el pago de sus salarios mientras continúan las negociaciones.
La resolución fue adoptada por la delegación regional de Campana del Ministerio de Trabajo bonaerense, en el marco de los artículos 30 al 34 de la Ley 10.149, luego de que las autoridades laborales calificaran la situación como un conflicto de “extrema gravedad”.
Según consta en el acta a la que tuvo acceso el diario Clarín, la cartera laboral intimó a la compañía a “abstenerse de tomar represalias de ningún tipo con el personal representado por la organización sindical” y le ordenó “retrotraer los despidos de la totalidad de los trabajadores convencionados al momento anterior de la iniciación del presente conflicto”.
La disposición alcanza a los 110 operarios que integraban la nómina de la fábrica y que fueron desvinculados el pasado 26 de octubre, cuando la compañía resolvió cerrar definitivamente el establecimiento. Durante la vigencia de la conciliación obligatoria, Bunge deberá restablecer las condiciones laborales anteriores al conflicto y abonar las remuneraciones correspondientes.
La intervención del Gobierno provincial se produjo después de tres audiencias que finalizaron sin acuerdo, la última de ellas celebrada este lunes. En esos encuentros, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate reclamó la restitución de los puestos de trabajo, mientras que los representantes de la empresa ratificaron las desvinculaciones como consecuencia del cierre definitivo de la planta.
Ante la decisión del gremio de continuar con las medidas de acción directa y la negativa de Bunge a revisar los despidos, el Ministerio de Trabajo advirtió sobre la “existencia cierta de la alteración a la paz social” y resolvió intervenir mediante la conciliación obligatoria.
La medida también establece obligaciones para la organización sindical, que deberá suspender las manifestaciones y protestas que venía realizando tanto en distintos sectores de la ciudad de Campana como en los accesos al establecimiento industrial.
Las partes fueron convocadas a una nueva audiencia para el próximo viernes 20 de noviembre, en la que se buscará avanzar en una solución al conflicto laboral.
La planta de Campana acumulaba 50 años de actividad industrial y pertenecía a la multinacional Bunge, con una participación del 17,5% de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en la producción. En el establecimiento se elaboraban amoníaco y tiosulfato de amonio, insumos utilizados en la industria de agroquímicos y fertilizantes.
Al comunicar la decisión de cerrar la fábrica, la empresa explicó que la determinación había sido adoptada después de “un extenso proceso de análisis y de la evaluación de distintas alternativas operativas y comerciales”.
Entre los motivos señalados por la compañía figuraron las limitaciones de infraestructura, el rezago tecnológico de las instalaciones y los cambios registrados en la dinámica del mercado.
Con la conciliación obligatoria en vigencia, la decisión de la autoridad laboral busca restablecer temporalmente las condiciones previas a los despidos y abrir una nueva instancia de negociación entre la empresa y los representantes de los trabajadores, mientras se mantiene el conflicto por el cierre del establecimiento.